|
La importancia de un contrato bien estructurado
|
|
Autor
|
Lcda. Zoimé Álvarez Rubio
|
|
Fecha
|
08/08/2025
|
|
|
|
|
|
Un elemento importante del desarrollo económico es la formalización de contratos bien estructurados. Un contrato bien redactado, con cláusulas claras, y con derechos y obligaciones definidas, no solo protege a las partes involucradas, sino que también sienta las bases para promover un entorno competitivo y saludable para hacer negocios. En ese sentido, Puerto Rico debe proyectarse como una jurisdicción que sigue las mejores prácticas en materia legal y regulatoria. La solidez de nuestros contratos es parte esencial de esa ecuación.
Un contrato no es solo un documento. Es una herramienta legal que protege derechos y obligaciones, y que está respaldada por la misma Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Las instituciones financieras, por ejemplo, operan dentro de un marco contractual estricto tanto a nivel local como federal, que garantiza transparencia, cumplimiento y responsabilidad. Socavar ese marco equivaldría a erosionar la estabilidad del sistema económico.
Además, ante los retos que enfrentamos y la necesidad de un desarrollo económico local, debemos reforzar las bases que promueven certeza, confianza y estabilidad. El llamado “ease of doing business” se basa, entre otros elementos, en un entorno legal claro, predecible y respetuoso del estado de derecho.
Cada vez que se cuestiona la validez de un contrato —sea cual sea la razón— se pone en juego la reputación de Puerto Rico como un lugar confiable para hacer negocios. Más allá de los casos específicos que se discuten públicamente, hay que coincidir en que estas situaciones generan incertidumbre y ocasionan un daño colateral. Esto no significa que los contratos no puedan revisarse, mejorarse o enmendarse. Pero cualquiera de estos ejercicios debe hacerse evaluando todos los elementos y dentro del marco legal establecido, sin arbitrariedades que debiliten la confianza en nuestras instituciones.
Todos los sectores –públicos y privados– tienen el deber de velar por el desarrollo eficaz y responsable de contratos como piedra angular del desarrollo económico y la credibilidad institucional. Reforzar la seguridad jurídica es apostar al crecimiento, a la inversión y al futuro de Puerto Rico.
|
|
|